En la última década, los Estados han adquirido sofisticadas herramientas de vigilancia que se instalan en celulares y otros dispositivos, permitiéndoles acceder a cámaras, micrófonos, información y documentos privados del usuario. Se ha comprobado el uso de dichas herramientas por parte de Estados latinoamericanos contra ciudadanos y periodistas, vulnerando su privacidad, sus derechos y la libertad de prensa y expresión.